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Revista de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes
Dicere • 6 (julio-diciembre 2024) • ISSN 2954-369X • DOI: https://doi.org/10.35830/dc.vi6.72
Diana Mabel Arellano
Universidad Nacional de Misiones, Argentina
ORCID ID: 0000-0001-5661-4798
RID: AAR-9573-2021
Resumen
Durante el gobierno de Alfredo Stroessner en
Paraguay (1954-1989) se produjo un complejo
proceso de persecución a los opositores polí-
ticos y la apropiación y distribución arbitraria
de tierras scales y, en menor medida privadas.
En el marco de la aplicación fraudulenta de
una reforma agraria, se adjudicaron de manera
irregular, a diversas personalidades, como altos
funcionarios paraguayos y extranjeros, milita-
res, policías, empresarios y latifundistas anes
al gobierno, más de siete millones de hectáreas
en diferentes regiones del país. Sin embargo, con
el retorno democrático en 1989, las sucesivas
políticas de tierras no obraron en sentido diferen-
te, ni lograron avanzar sustantivamente en una
redistribución de lotes, sumiendo en la ilegalidad
a su extendida base poblacional de campesinos
pobres y pequeños productores familiares.
Palabras clave: Paraguay, dictadura, apropia-
ción de tierras, reforma agraria
Abstract
During the government of Alfredo Stroessner
in Paraguay (1954-1989) there was a complex
process of persecution of political opponents
and the arbitrary appropriation and distribu-
tion of public and, to a lesser extent, private
lands. Within the framework of the fraudulent
application of an Agrarian Reform, more than
seven million hectares in dierent regions of
the country were awarded irregularly to various
personalities, such as senior Paraguayan and fo-
reign ocials, military, police, businessmen and
landowners related to the government. However,
with the return of democracy in 1989, succes-
sive land policies did not work dierently, nor
did they manage to advance substantively in a
redistribution of lots, plunging into illegality
their extended population base of poor peasants
and small family producers.
Keywords: Paraguay, dictatorship, land grab-
bing, agrarian reform
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Diana Mabel Arellano
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Introducción
En Paraguay, la búsqueda de justicia para los
crímenes cometidos durante el régimen dicta-
torial de Alfredo Stroessner (1954-1989) no ha
sido una decisión política de Estado durante
el proceso de transición a la democracia, sino
prioridad de la iniciativa de sus víctimas directas
e indirectas y las organizaciones de la sociedad
civil y de Derechos Humanos en las que parti-
cipan. Hasta el presente, el cumplimiento de las
obligaciones positivas de los gobiernos de tran-
sición, de reconstruir un Paraguay democrático
se ha conjugado entre la efectiva realización de
una voluntad gubernamental de buscar justicia,
la viabilidad política para hacerlo sin arriesgar
la gobernabilidad y, la presión internacional para
el reconocimiento de los delitos y la reparación
a las víctimas de hechos violatorios a los Dere-
chos Humanos, encadenados en una saga que se
extiende desde el señalamiento de los enemigos
del régimen, hostigamientos, encarcelamientos,
torturas, desapariciones forzadas, exilios, asesi-
nados y apropiación de sus bienes patrimoniales.1
Más que un propósito historiográco —
aunque de hecho recurre a fuentes y documentos
sobre el pasado reciente en Paraguay— este
artículo se propone una revisión de las políticas
de Estado, toda vez que, suele adjudicarse a los
regímenes autocráticos todo tipo de violaciones
a los Derechos Humanos como intrínsecas y
exclusivas. Sin embargo, transcurridas más de
tres décadas de retorno democrático, la lentitud
en la aplicación de las medidas de reparación,
juicio y castigo a los culpables y la restitución
de los bienes indebidamente apropiados con-
forma un conjunto de operaciones materiales y
simbólicas que continúan perpetrando también
las irregularidades en la adjudicación de tierras
urbanas y rurales, consumadas por el traspaso
intergeneracional a los derechohabientes de
heredad o compras sucesivas.
En este trabajo, tenemos como objetivo
principal, analizar la evolución del problema de
la adjudicación fraudulenta de tierras en Paraguay,
desde sus inicios dictatoriales a la actualidad de-
mocrática, pasando por el período transicional.
La metodología que aplicamos es la de la
triangulación de datos y análisis provenientes
de distintos repositorios que, durante varias
décadas han mantenido en vigencia el recla-
mo sobre la adjudicación irregular de tierras
en Paraguay, a saber: Comisión de Verdad y
Justicia del Paraguay; Coordinadora de De-
rechos Humanos de Paraguay y; Plataforma
de Derechos Humanos de Paraguay. Los tres
organismos, han producido, además. una im-
portante reexión sobre el tema y generado
algunas hipótesis de trabajo que colocan a las
tierras mal habidas en un análisis estructural
sobre el modelo productivo de concentración
latifundista, el agronegocio sojero-ganadero en
el que, la expulsión de campesinos e indígenas
por métodos violentos extendidos en el tiem-
po cobra signicado económico patrimonial,
velado tras el manto de razones ideológicas y
político partidarias enunciadas.
En efecto, el trabajo fundacional que instala
en la agenda pública institucionaliza y le da el
nombre de tierras mal habidas a la problemá-
tica objeto, es el Informe Final “Anivé Hagua
Oiko” de la Comisión de Verdad y Justicia de
Paraguay (CVJ) una de las más de 40 Comi-
siones de Verdad que el Sistema de Naciones
Unidas instaló en el mundo para dar cuenta de
Cómo citar este artículo: Diana Mabel Arellano, “Régimen dictatorial y tierras mal habidas en Paraguay. Una
revisión de las políticas de reparación estatal del derecho a la propiedad rural”, en Dicere, núm. 6 (julio-diciem-
bre 2024), pp. 123-132.
Recibido: 14 de julio de 2023 • Aprobado: 15 de septiembre de 2023
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los Hechos Violatorios a los Derechos Humanos
cometidos por gobiernos dictatoriales.2
La importancia señera de este informe re-
side en que, por primera vez, logra la apertura
simultánea y, con ello, la triangulación de datos
ociales, obrantes en los repositorios institu-
cionales del INDERT (Instituto Nacional de De-
sarrollo Rural y de la Tierra) que administra los
archivos y documentos precedentes del Instituto
de la Reforma Agraria (IRA) y del Instituto de
Bienestar Rural (IBR); de la Dirección General
de Registros Públicos; del Servicio Nacional de
Catastro; de la Procuraduría General de la Repú-
blica, del Congreso Nacional y del Poder Judicial.
En efecto, en el Tomo IV del Informe CVJ,
tras tres años de investigación exhaustiva (2006-
2008), un equipo de expertos con asesoramiento
internacional pudo reconstruir en gran parte,
el caso paraguayo de apropiación indebida de
tierras, destinadas a los productores rurales por
la reforma agraria.
La reforma agraria: los sujetos de derecho
y el proyecto nacional
La llamada reforma agraria es una demanda que
hunde sus raíces históricas a nes de Siglo XIX
y de hecho se convirtió en una iniciativa del
gobierno de Rafael Franco luego de la Guerra
del Chaco (1932-1936). La demanda fue tan
importante que el propio régimen stroessnista
se vio obligado a implementarla. Claramente,
optó por su tergiversación instalando bajo su
nombre un colosal sistema de corrupción estruc-
tural prebendario que captó adeptos al gobierno
entre las clases más acomodadas y los cuadros
militares, policiales y de gobierno que vieron
acrecentarse sus patrimonios con la adquisición
de tierras que no les correspondías. En contra-
partida, el régimen utilizó a los campesinos para
expandir la frontera agrícola hacia los territorios
más inhóspito del país, al tiempo que disuadía
a las organizaciones de base campesina de que
desaaban al régimen. De acuerdo con cifras
ociales, de 130,443 propiedades rurales que
existían en el país en el año 1960, se pasó a
258,281 en el año 1980.3
Durante los 35 años que duró el gobierno
de Alfredo Stroessner en el poder (1954-1989),
tuvieron vigencia dos instrumentos jurídicos
denominados Estatuto Agrario de 1940; Estatuto
Agrario de 1963, y; ya en democracia, el Estatu-
to Agrario de 2002, vigente hasta la actualidad.
El Estatuto Agrario de 1940, junto con las
leyes posteriores, establece la importancia de
la reforma agraria en Paraguay, cuyo objetivo
principal es el de proporcionar a cada hogar
campesino un pedazo de tierra propia, para ga-
rantizar su estabilidad económica y eliminar la
incertidumbre en la tenencia de la propiedad
rural. Estos instrumentos legales enfatizan la
necesidad de transformar la estructura agraria
del país, incorporando a la población campesina
al desarrollo económico y social de la nación.
Idealmente, la reforma agraria busca pro-
mover la distribución justa de la tierra, forta-
lecer la agricultura familiar campesina como
estrategia para superar la pobreza rural, al tiem-
po que, promueve los asentamientos rurales, en
un marco de distribución racional de las tierras
agrícolas, en un modelo de producción agrí-
cola-ganadera que prioriza a los agricultores
familiares de pequeña escala.
Tiene como sujeto legalmente reconocido
a la población campesina sin tierras o con tie-
rras insucientes, considerando que la tierra
es un requisito fundamental para su libertad y
dignidad y un derecho de ciudadanía. Mujeres
y varones mayores de 18 años, paraguayos o
extranjeros que se dediquen, directa y habi-
tualmente a la producción agrícola y no posean
tierras. Incluye, además, a las cooperativas de
agricultores, los veterinarios y agrónomos, los
núcleos de población rural de más de 20 indi-
viduos, los pueblos o villas con menos de cinco
mil habitantes. Al establecerse el orden de prefe-
rencia para las adjudicaciones, se destacan entre
los beneciarios que trabajen efectivamente la
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tierra: los de mayor número de miembros de la
familia a su cargo; los de mayor mérito por sus
actividades agropecuarias; los ex combatientes de
la Guerra del Chaco (1932-1936); los ciudadanos
repatriados y los de mayor grado de instrucción.
En cuanto a las supercies máximas, el
Estatuto establece lotes de entre 20 y 200 ha.
y hasta un máximo de 200 ha. por sujeto de la
reforma agraria, destinados a actividades agrí-
colas, ganaderas, quintas y/o forestales.4
En su última reforma, ya en período demo
-
crático, el Estatuto mantiene el mismo espíritu
que las dos leyes anteriores, estableciendo en
su artículo 2 que “…promoverá la adecuación
de la estructura agraria, conducente al arraigo,
al fortalecimiento, y a la incorporación armó-
nica de la agricultura familiar campesina al
Desarrollo Nacional, para contribuir a superar
la pobreza rural y sus consecuencias, a través
de una estrategia general que integre producti-
vidad, sostenibilidad ambiental, participación
y equidad distributiva” (Ley Nº 1863, del 4 de
noviembre del 2002).
Las tierras mal habidas: delito económico
y nueva estructura agraria en Paraguay
La Comisión de Verdad y Justicia recabó, sis-
tematizó y analizó 2,000,705 adjudicaciones
de lotes por un total de 12,229,594 hectáreas,
de las cuales 4,241 lotes correspondientes a
3,336 con un total de 7,851,295 hectáreas fue-
ron adjudicadas con graves irregularidades en
función de haber sido adjudicadas a personas
no comprendidas en el Estatuto Agrario; adju-
dicaciones de más de un lote o adjudicaciones
mayores a lo establecida.5
Entre las graves irregularidades se destacan
las adjudicaciones de uno o varios lotes de por
una supercie total mayor a la establecida por ley:
•
A un centenar de miembros del régimen y sim-
patizantes y que no calicaban como sujetos
del Estatuto Agrario;
•
A las Seccionales del Partido Colorado, lo que
le permitirá al régimen stroessnista crear una
estructura de dominación política territorial
desde la cual constituir espacios políticos de
base que funcionaron como verdaderos centros
de distribución de prebendas, espionaje y de-
lación de opositores en los Departamentos se
Alto Paraná, Caaguazú, Concepción, Cordillera,
Guairá, Presidente Hayes, y San Pedro.
•
A altos mandos militares, policiales y políti-
cos, desde los presidentes Alfredo Stroessner
(1954-1989) y Andrés Rodríguez (1989-1993)
hasta el dictador nicaragüense Anastasio So-
moza Debayle (1979), a quién asiló durante
nueve meses y, aunque no logró proteger del
atentado perpetrado en Asunción, a manos del
guerrillero argentino Enrique Gorriarán Merlo,
líder del Ejército Revolucionario del Pueblo ERP
junto a Roberto Santucho, a quien le adjudicó de
manera fraudulenta, 8,000 Hectáreas en la Colonia
Eugenio Garay, Departamento Nueva Asunción.6
•
Adjudicación de más de un lote, geográca-
mente disperso, a 257 adjudicatarios con un
promedio de 2.653 Hectáreas cada uno.
• Adjudicaciones mayores a las 100 hectáreas a
1,730 adjudicatarios con un promedio de 452
hectáreas cada uno.
• Adjudicaciones mayores a las 1,500 hectáreas
establecidas para los lotes ganaderos, a 83 adju-
dicatarios con un promedio de 3,605 hectáreas
cada uno en la Región Oriental, sin expresa
autorización del Poder Ejecutivo.
• Adjudicaciones mayores a las 8,000 hectáreas
establecidas para los lotes ganaderos, a 83 adju-
dicatarios con un promedio de 11,404 hectáreas
cada uno en la Región Occidental.
•
Adjudicaciones mayores a las 200 hectáreas
establecidas para los lotes agrícolas, a 99 adju-
dicatarios con un promedio de 1,106 hectáreas
cada uno en la Región Oriental.7
En síntesis, que la totalidad de las tierras adju-
dicadas de manera fraudulenta representen el
64,1% de la totalidad de las tierras adjudicadas
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—cuando el objetivo de la reforma agraria era
transformar y consolidar una estructura agraria
del país que eliminara progresivamente, tanto el
latifundio como el minifundio, sustituyéndolo
por un sistema justo de propiedad, tenencia y ex-
plotación de la tierra— diluye toda posibilidad de
interpretar que estamos frente a desprolijidades
o actos de corrupción sino que, se devela como
un sistema de poder planicado y articulado, de
modo de generar una estructura de poder basada
en la distribución prebendaria y delizante del
mayor recurso productivo del Paraguay.
En cuanto a lo económico-productivo, ge-
neró una concentración de las explotaciones
agropecuarias en pocas “manos amigas” que
pasaron a conformar la principal fortaleza del
régimen por su contribución a la gobernabi-
lidad política y la concentración económica,
en detrimento de un campesinado considerado
revoltoso, indisciplinado, opositor y crítico del
régimen. Así, construyeron al campesinado y,
particularmente al campesino organizado, como
el enemigo rural a perseguir, reducir o expulsar
mediante terrorismo de Estado. Abonaremos
esta hipótesis en el apartado subsiguiente que
vincula tierras mal habidas con el régimen de
violencia política, tanto dictatorial como durante
la transición y el retorno democrático.
Transición democrática. Tierras mal habi-
das a sangre y fuego
Una de las propuestas políticas sostenidas por el
Obispo Católico y Presidente Fernando Armin-
do Lugo Méndez (2008 – 2012) fue la imple-
mentación efectiva de la reforma agraria, por la
cual la población campesina acompañó su pro-
puesta electoral y en parte también, explica la
campaña de desprestigio de sus actos de la vida
privada que produjeron su destitución en 2012,
en un juicio abreviado a meses de cumplir su
mandato, consumado en Senado de la Nación,
a manos de los múltiples poderes económicos
y políticos que Lugo había atacado con sus pro-
puestas de reforma agraria, Judicial, el inicio de
la instalación de un sistema gratuito de atención
a la salud y la gestión para la recuperación de
la soberanía energético que logró mediante la
rma de las llamadas Notas Reversales en 2011
por parte del gobierno de Brasil que estableció
un precio justo a la venta de excedentes ener-
géticos paraguayos, generados por la Represa
Binacional Itaipú.8
Desde 2008, muchas familias campesinas
han denunciado a latifundistas y apropiadores,
entre los que se encuentran muchos “brasigua-
yos” que efectivamente trabajan la tierra, pero
también, grandes patrones ausentistas, vincu-
lados al poder político y económico nacional
e internacional.9 Los campesinos sin tierra han
invadido tierras adjudicadas de manera irregular
o latifundios, con la esperanza de que el Estado
proceda a la recuperación mediante la expro-
piación o compra de las mismas, con destino a
su adjudicación institucional, a los sujetos de la
reforma agraria. En ningún caso tuvieron éxito
con la estrategia. Los propietarios defendieron
sus tierras con sus guardias de seguridad y, en
muchos casos, el Estado reprimió activamente la
ocupación produciéndose hechos de violencia,
ejecuciones arbitrarias, persecución y proce-
samiento judicial de los líderes campesinos,
acusados de invasión a la propiedad privada,
aun cuando, se trataba de tierras mal habidas o
latifundios improductivos.10
En el sector rural, existe un clima de fuerte
tensión entre las organizaciones de campesinos
y los productores agropecuarios nucleados en la
ARP (Asociación Rural del Paraguay). A pesar
de esto, no se ha avanzado en la modicación
de la Ley Nº 1863/02, en su artículo 49, que
establece el orden de preferencia para la adjudi-
cación de las tierras, de modo que las víctimas
de la dictadura o sus familiares sean fehaciente-
mente incorporadas al orden de prelación entre
los sujetos de la reforma agraria.
Existe un clima de fuerte tensión en el sec-
tor rural, entre las organizaciones de campesi-
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nos y, de campesinos sin tierras nucleadas en
la FNC (Federación Nacional Campesina) y
los productores agropecuarios nucleados en la
ARP (Asociación Rural del Paraguay). Tampoco
se ha avanzado en la modicación de la Ley
Nº 1863/02, en su artículo 49, que establece
el orden de preferencia para la adjudicación
de las tierras, de modo que las víctimas de la
dictadura o sus familiares, que reúnan los re-
quisitos establecidos por el Estatuto Agrario
para ser beneciarios, sean incluidas en el Inciso
C del orden de preferencia.
El Informe Chokokué de la Coordinadora
de Derechos Humanos del Paraguay, devela la
oscura trama de persecución política, expulsión
de campesinos e indígenas, apropiación y ad-
judicación fraudulenta de tierras y ofrece una
visión más detallada sobre el plan sistemático
de ejecuciones extrajudiciales para despojar
de su territorio a las comunidades campesinas
e indígenas de Paraguay, campesino entre los
años 1989 y 2013.11
Con el propósito de permitir que grandes
empresas o individuos poderosos se apoderen
de las tierras para sus propios intereses, como la
expansión agrícola o ganadera se implementa-
ron mecanismos que incluyen la falsicación de
documentos, el uso indebido de poder político
y económico, la violencia y la represión para
despojar de manera fraudulenta a las comuni-
dades campesinas e indígenas de sus tierras.
El Informe Chokokue vincula estrechamen-
te la apropiación fraudulenta de tierras con una
serie de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos
de líderes campesinos debidamente documen-
tadas, con el n de amedrentar y silenciar a
aquellos que osaron defender sus derechos, dan-
do cuenta de la voluntad política de perpetuar
la injusticia y la desigualdad en el acceso y la
tenencia de la tierra en el país.
El caso más resonante en las últimas dé-
cadas es la persecución al Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP) acusados de constituir desde
2008, un grupo armado con base en el Partido
marxista-leninista Patria Libre, que se opone a
la deforestación, los agronegocios, las explo-
raciones mineras de empresas extranjeras y la
concentración de la tierra y, aunque, no queda
claro el grado de adhesión que el EPP tiene entre
campesinos e indígenas, como tampoco ha cre-
cido ni profundizado la lucha armada, en nom
-
bre de su persecución, se produjeron masacres
como la de Curuguaty en 2012 o, el asesinato a
manos del ejército, de las niñas argentinas Lilian
Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de
11 años, hijas de dos de sus líderes, en confusos
episodios protagonizados por un comando de
élite del Ejército Paraguayo, en 2020.
En efecto, los departamentos del norte de
Paraguay se encuentran militarizados y son
recurrentes los períodos de suspensión de las
garantías democráticas mediante la declaración
de Estado de Excepción en los departamentos de
Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Para-
guay y Presidente Hayes en 2010, 2011, 2015.
Desde 2013, durante el gobierno de Ho-
racio Cartes, se modicó la Ley de Defensa y
Seguridad Interna para otorgarse a las Fuerzas
Militares el poder de intervenir en cuestiones
de seguridad interna y crear la Fuerza de Tarea
Conjunta que instala, de hecho, un Estado de
Excepción con presencia militar permanente en
el norte del país, cuyo accionar se ha caracteri-
zado por un enfoque particular en el control de
caminos vecinales, la regulación de actividades
de los pobladores, la vigilancia de asentamien-
tos campesinos y, en ocasiones, la extorsión a
motociclistas. Además, se han registrado alla-
namientos violentos y la recopilación de infor-
mación sobre las comunidades, incluyendo sus
acciones gremiales y reivindicaciones.12
Tierras mal habidas en la agenda polí
-
tica actual
La Comisión de Verdad y Justicia declaró nulas
las adjudicaciones de tierras que se realizaron
en violación de la legislación agraria. En 2008,
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presentó a las autoridades gubernamentales un
listado exhaustivo de los adjudicatarios con
graves irregularidades, la cantidad de lotes y
hectáreas, el distrito, departamento, número de
nca y de título y el año en que se produjo el
ilícito e instó al Ministerio Público y la Procu-
raduría General de la República a investigar y
recuperar las tierras en cuestión para el Estado
paraguayo de modo de reasignarlas conforme
a Derecho a los legítimos beneciarios de la
reforma agraria.
Hasta la fecha, en numerosas oportunidades
se ha constatado que este esquema continuó
operando después de la apertura política en
1989, en algunos casos con desalojos violentos,
persecución y asesinatos. La Fiscalía General
del Estado no ha iniciado ninguna investigación
sobre este grave esquema de corrupción en la
distribución de tierras pública y tampoco ha sido
posible recuperar ninguna de las tierras obteni-
das de manera ilegal a través de procedimientos
judiciales en la jurisdicción civil, excepto en el
caso de una parte de las tierras de la comunidad
de San Isidro del Jejuí.
La conversión del Instituto de Bienestar
Rural (IBR) en Instituto Nacional de Desarro-
llo Rural y de la Tierra (INDERT) en 2004, no
logró poner n a la persistente corrupción en
la adjudicación de tierras agrarias en Paraguay.
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado
una evaluación exhaustiva de la magnitud de
las tierras malversadas durante el período com
-
prendido entre 2004 y 2022 a pesar de que, se
han detectado casos de apropiación ilegal de
tierras indígenas, transacciones fraudulentas
con tierras scales y una alarmante superpo-
sición de títulos de propiedad en colonias y
asentamientos campesinos.
Más del 30% de las tierras cultivables del
país se encuentran afectadas por la corrupción
y la incertidumbre, lo que representa un obstá-
culo importante para alcanzar un desarrollo con
sostenibilidad ambiental e inclusión social de
miles de campesinos que no poseen tierra para
cultivar y comunidades indígenas expulsadas
violentamente de sus tierras ancestrales, núcleo
central de la conictividad agraria que encuentra
por parte del Estado más que la criminalización
de sus protestas y la persecución de sus líderes.
Luego de más de una década, en abril de
2022 se promulgó la Ley N° 6.899, propuesta
por organizaciones sociales, nucleadas en la
Plataforma de Derechos Humanos del Paraguay.
Su sanción se produjo en un momento de fuertes
tensiones políticas preelectorales al interior del
propio partido gobernante.
Esta ley establece la creación de la “Comi-
sión Nacional para el estudio de los mecanismos
de recuperación de tierras mal habidas, identi-
cadas en el Informe Final de la Comisión de
Verdad y Justicia en 2008”.13
La Comisión tendrá carácter y nanciamien-
to parlamentario y estará integrada por 20 repre-
sentantes de: 6 de la Cámara de Senadores, 6
de la Cámara de Diputados, 1 de la Procuraduría
General de la República, 1 del Instituto Nacional
de Desarrollo Rural y de la Tierra, el Instituto
Paraguayo del Indígena, 1 de la Defensoría del
Pueblo, 1 de la Corte Suprema de Justicia, 1 de
la Dirección General de los Registros Públicos, 1
del Servicio Nacional de Catastro y 1 el Departa-
mento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Comisión Nacional tiene como funcio-
nes principales establecer e implementar me-
canismos de participación social para denir
los procedimientos legales que permitan la re-
cuperación de las tierras mal habidas. Además,
se encargará de preparar propuestas legislati-
vas que incluyan los procedimientos necesarios
para dicha recuperación, en concordancia con
lo establecido en la Constitución Nacional. Se
ha establecido un plazo de un año para que la
Comisión presente su informe nal y sus pro-
puestas legislativas.
La creación de esta Comisión es de suma
importancia, ya que, ratica el Informe de CVJ
en todos sus términos, encomienda como una
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cuestión de Estado la recuperación de las tierras
mal habidas identicadas. Si bien, transcurri-
do más de un año, la Comisión aún no se ha
conformado, las organizaciones de campesinos
y las comunidades indígenas cuentan con un
instrumento parlamentario actual que rearma
sus derechos.
Conclusiones
El modelo del agronegocio en Paraguay se ca-
racteriza por la producción a gran escala de
cultivos comerciales, como la soja y arroz, y ga-
nadería vacuna extensiva con importante agre-
gado de valor genético para la industria cárnica
destinados principalmente a la exportación.14
Particularmente, en los Departamentos de
la Región Norte, la actividad agrícola, fores-
tal y ganadera conuye con las exploraciones
mineras de gran escala por parte de empresas
mineras transnacionales como Morrison Mining
S.A. y Prospectora Caminito S.A, en el Depar-
tamento de Concepción o; las empresas Minera
Itá Porá S.A. y Minera Rio Verde S.A., en el
Departamento San Pedro.15
Este modelo ha llevado a la concentración
de tierras en manos de grandes terratenientes y
empresas agroindustriales, respaldados por una
estructura política y legal que favorece sus intere-
ses y provoca el desplazamiento de comunidades
campesinas e indígenas, consolidando una cre-
ciente desigualdad en la distribución de la tierra.
En efecto, se despliega desde mitad del
Siglo XX en adelante, un plan sistemático de
ejecuciones en la lucha por el territorio en un
Paraguay que mantiene aún una enorme masa
de familias de pequeños agricultores familiares.
En primer lugar, los intereses corporativos
y los grandes terratenientes que se benecian
del modelo del agronegocio a menudo buscan
expandir sus operaciones a expensas de las co-
munidades campesinas y los pueblos indígenas
en permanente conicto por la tierra y episodios
de violencia perpetrados contra campesinos e in-
dígenas que deenden sus derechos territoriales.
Desde entonces, los campesinos sin tierras
de Paraguay se han empeñado en organizarse,
resistir, reclamar e intentar tomar tierras por
mano propia con suerte diversa. En efecto, la
Federación Nacional Campesina que se creó en
1991 logró recuperar del latifundio ausentista
300,000 hectáreas en las que se asentaron unos
40 asentamientos campesinos que desarrollan
su actividad agropecuaria familiar con apoyo
de fundaciones nacionales e internacionales
vinculadas al desarrollo sostenible, la soberanía
alimentaria y la agricultura orgánica, no sin
pagar el costo del asesinato de varios de sus
principales dirigentes por ejecución extraju-
dicial o en episodios confusos que criminali-
zaron la organización campesina y sembraron
un manto de dudas sobre el accionar de sus
propios líderes.16
En efecto, CODEHUPY (Coordinadora de
Derechos Humanos de Paraguay) denunció que
durante casi 25 años de gobiernos posdictato-
riales, entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de
agosto de 2013, fueron ejecutados y desapare-
cidos 115 dirigentes y miembros de organiza-
ciones campesinas, en el contexto de ataques
perpetrados en contra de comunidades rurales.17
En este contexto, el plan sistemático de eje-
cuciones se utiliza como una estrategia para
silenciar y eliminar a los líderes y miembros de
las organizaciones campesinas que deenden
sus derechos territoriales y se oponen al modelo
del agronegocio. Estos crímenes son perpetra-
dos por actores vinculados a los intereses cor-
porativos y terratenientes, con la complicidad
o la indiferencia de las autoridades estatales.
Por ello, que a 23 años de la caída del ré-
gimen stroessnista, el mismo Partido Colorado
que sostuvo al dictador durante 35 años y; que
gobierna el Paraguay desde entonces, bajo un
débil sistema democrático, prácticamente sin
alternancia en el poder (salvo el gobierno de
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Régimen dictatorial y tierras mal habidas…
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Lugo Méndez entre 2008 y 2012, destituido por
el parlamento nacional) acabe promulgando por
unanimidad una Ley que revisará la situación
de tierras mal habidas resulta, por lo menos,
revelador de su propia debilidad interna, a pesar
de que el candidato de la facción de Horacio
Cartes, Santiago Peña se alzó en las elecciones
nacionales de 2023 con el 42,74% de los votos.
Habrá que esperar la efectiva designación
de los comisionados, los resultados del trabajo
de la Comisión y las decisiones que, a partir de
ello, tome el gobierno paraguayo para abordar
una problemática de más de un siglo de historia,
pero con una permanente presencia en la agenda
política y la economía del país.
Citas
1 Arellano, “Reparar lo irreparable”, 2013, p. 9.
2
Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, Informe
Final, tomo IV, p. 11.
3 García y Zevaco, Resistencias campesinas, p. 88.
4
Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, Informe
Final, tomo IV, pp. 14-19.
5
Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, Informe
Final, tomo IV, pp. 25-27.
6
Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, Informe
Final, tomo IV, pp. 34-39.
7
Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, Informe
Final, tomo IV, pp. 205-207.
8 Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. ht-
tps://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-[embaja-
das-y-consulados [consultado el 10 de marzo de 2023].
9
Se denomina brasiguayos a los ciudadanos brasileros y
sus descendientes que, desde la década de 1960, adqui-
rieron tierras paraguayas contiguas al límite fronterizo
a muy bajo precio, aprovechando la falta de legislación
paraguaya al respecto. En efecto, recién en 2005 se le-
gisló la franja de seguridad fronteriza que prohíbe la
compra, ocupación y usufructo de las tierras hasta 50
Km del límite fronterizo. Los brasiguayos conforman
una población de 500.000 personas en un país de 7 mi-
llones de habitantes, producen soja y ganadería a gran
escala. De 1,5 millón de hectáreas plantadas con soja en
los departamentos orientales, 1,2 millones están en ma-
nos de productores de origen brasileño que adquirieron
la tierra, muchas veces en forma gratuita o mediante
pagos prebendarios, durante la dictadura stroessnista o,
la adquirieron en el mercado inmobiliario a un precio
cinco veces menor que en Brasil. La presencia de los
brasiguayos produce xenofobia y tensión social, en un
país de base campesina que resiste la producción agro-
pecuaria a gran escala, debido a la existencia de un alto
porcentaje de población rural, que con este modelo es
inexorablemente, desplazada de sus tierras.
10 Fabrini “Os Brasiguaios” p. 345.
11 CODEHUPY, Informe Chokokue p. 3.
12 Irala y Pereira Cardozo, “Violencia armada”, p. 189.
13 Plataforma Social, Tierras mal habidas, p. 1.
14 Rojas Villagra, Actores del Agronegocio, pp. 33-47.
15 Irala y Pereira Cardozo, “Violencia armada”, p. 186.
16 BASE-IS La FNC cumple 26 años de luchar por la
democratización de la tierra en Paraguay, p.1.
17 CODEHUPY, Informe Chokokue p. 6.
Fuentes
Repositorios
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Centro de Documentación y Base de Datos, Asunción
del Paraguay
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